sábado, 6 de junio de 2009

El narcotráfico como coartada


JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, D.F., 5 de junio (apro).- Legitimado con el tema del narcotráfico, Felipe Calderón decidió hacer de los operativos policíaco-militares su gran apuesta política para la segunda mitad de su gobierno.

Ante la perspectiva de un nuevo Congreso adverso, el Elliot Ness de Los Pinos –como lo caracterizó Obama– quiere evitar a toda costa lo que le ocurrió a quien lo dejó en la Presidencia de la República.

Cuando Vicente Fox perdió las elecciones del 2003 y el PAN no pudo tener la mayoría en la LIX Legislatura, su gobierno quedó prácticamente estancado, profundizando su incapacidad para gobernar en un sistema de fuerte competencia política.

Si hace seis años el PAN fracasó en convencer a la población para que le diera la mayoría, con su lema "quítale el freno al cambio", ahora Felipe Calderón optó por repetir la estrategia del miedo y odio que explotó en el 2006 y dejó profundamente divididos a los mexicanos.

De nueva cuenta, plantea un supuesto dilema: votar por "el pasado que dejó crecer el narcotráfico" o por el presente en que "se está actuando para que la droga no llegue a tus hijos".

Para reforzar su propaganda, ha echado mano del aparato policíaco y militar, utilizando a las Fuerzas Armadas, en especial al Ejército, y a la PGR con propósitos políticos.

El uso y abuso de la fuerza del Estado para objetivos políticos es propio de los regímenes autoritarios, de izquierda o de derecha.

En España, el recurso del miedo lo intentó José María Aznar cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo de 2004 y pretendió capitalizar la aprensión ciudadana al responsabilizar a la terrorista organización separatista vasca ETA.

Al Qaeda pronto lo desmintió al reivindicar el ataque como una represalia por el apoyo que la España de Aznar le dio a Bush para invadir Irak.

Aznar intentó lucrar con un tema que los españoles, desde el inicio de su transición democrática –a la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975– acordaron sacarlo de la competencia política.

Para los españoles, el problema del terrorismo es un asunto de seguridad nacional y como tal no debe ser explotado políticamente, si bien forma parte de la agenda y el debate político.

En México, el tema del narcotráfico también es un problema de seguridad nacional, pero Calderón se lo apropió para lucrar políticamente. Dentro y fuera de México existe la convicción de que ante la falta de legitimidad, recurrió a ese problema para ganarse el reconocimiento que no obtuvo en las urnas.

Lo hizo sin tener un verdadero plan. Y es hora que sigue sin tenerlo. El propuesto embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, lo dejó claro apenas en marzo pasado en un documento –supervisado por él­ desde el Brookings Institution– en el que señala que las acciones de Calderón no van a ningún lado, excepto a presionar todavía más las cárceles mexicanas (Proceso 1693, del 12 de marzo de 2009).

Nadie dice que no se deba enfrentar al narcotráfico. Como un problema que erosiona la seguridad de la nación, requiere de una visión de Estado, compartida por toda la clase política y los tres Poderes. Pero desde la Presidencia, por ya casi 15 años, ni el PRI ni el PAN han propiciado un acuerdo sobre el tema.

Cada uno dice tener la solución; crean sus propias instituciones y modifican la ley a su acomodo: Lo hizo Ernesto Zedillo con la Policía Federal Preventiva; Fox, con la Agencia Federal de Investigaciones, y ahora Calderón desaparece a las dos y crea la Policía Ministerial de Investigación y la Policía Federal. El que venga y el que le siga crearán sus propias instancias. Y el problema crece sin parar.

En el tema, Calderón actúa más por necesidad política. Puso el ejemplo con Michoacán para que los panistas hagan de la narcopolítica el tema electoral. Así se explican las acusaciones de la senadora panista Teresa Ortuño contra el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza.

Los panistas intentan explotar una realidad incuestionable: la protección al narcotráfico desde diferentes niveles de la política. Pero en esa realidad también está el PAN.

Más perverso todavía es que Calderón y el PAN usen los expedientes como chantaje y los cambien por distritos electorales.

Si es cierto lo que dice, que está dispuesto a dar su vida, Calderón podría empezar por el pasado inmediato y revisar el crecimiento desbordado del narcotráfico durante el gobierno de Fox.

Es algo que tiene a la mano, pues su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, ocuparon puestos clave con Vicente Fox. El primero en la AFI –creada por él mismo– y el segundo, en el Cisen y en la Secretaría de Seguridad Pública.

Que expliquen, por ejemplo, a quiénes les pagó Joaquín El Chapo Guzmán por toda la cobertura política, policial o militar que ha tenido desde que lo dejaron escapar del penal de Puente Grande, a sólo tres semanas de la llegada de Fox.

Por cierto, Medina Mora tiene un especial interés en dejar en paz a El Chapo, pues ha insistido en que "dejó de ser importante" en el cártel del Pacífico.

Si de ese nivel es el interés de Calderón por enfrentar al narco, su alegada valentía no pasará de una irresponsable y nociva bravuconada.